Reclamo por el cumplimiento de sus derechos (Crónica)

Los pueblos originarios Lule y Diaguita realizaron una movilización en reclamo del cumplimiento de sus derechos como Pueblo. 

        La Ley 26160, sancionada el 1 de Noveimbre del 2006 y promulgada el 23 de Noviembre del 2006, en el  Senado  y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso declara que "La emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes."

El asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009, fue uno de los primeros desencadenantes del reclamo. Su muerte fue el resultado de un avance de los terratenientes y empresarios -aliados a sectores de la justicia y del poder político que encabeza el gobierno de José Alperovich-, sobre las comunidades indígenas de la provincia.

El pasado Miércoles 1 de junio, más de 600 comuneros de los pueblos Lule y Diaguita marcharon en la mañana por las calles de San Miguel de Tucumán, reclamando el cumplimiento de sus derechos como pueblo. La movilización se inició pasadas las 9 de la mañana desde Av. Pte Kirchner y 9 de julio y tuvo tres paradas con respectivos actos hasta llegar a plaza Independencia.

A las 10hs en el palacio de Tribunales de la provincia una delegación entregó un petitorio declarando "la criminalización de nuestra lucha en el presente se hace efectiva en la permanente violación de las normas por parte de la justicia provincial, cuyas causas judiciales en contra de nuestros dirigentes y comuneros ascienden a más de 120 casos". 

El reclamo reiterado a la justicia de Tucumán es simplemente que se ajuste al marco de derechos amparados por las constituciones nacional y provincial, además de leyes específicas y tratados internacionales. "Exigimos el cese de la criminalización de la demanda de las comunidades indígenas y sus integrantes. Aplicación de oficio de la ley, de orden público, 26.160 en todos los casos judiciales en ámbitos territoriales de las comunidades".

Esta ley impide a la justicia realizar desalojos en territorios de Comunidades Indígenas hasta tanto no se realize el relevamiento territorial de las mismas, pero la justicia provincial no reconoce a las mismas como Comunidades, litigando y llevando los casos contra particulares.